13 septiembre, 2018

CONTEXTO

Hace algo más de cinco años se publicaba en agosto la Ley 13/2013 de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario con el objetivo central de contribuir a la mejora de la competitividad de nuestro asociacionismo mediante su redimensionamiento empresarial.

La dimensión es un elemento clave para la competitividad de estas empresas en un mercado global y abierto a los intercambios, e incide directamente en el desarrollo de procesos como la innovación, la diversificación e internacionalización de las compañías.

Por otro lado, las asimetrías de la cadena de valor agroalimentaria, derivadas de la atomización de los productores agrarios y de sus empresas asociativas, en comparación con el escalón correspondiente a la distribución, contribuyen a agravar muchos de los problemas que afectan a la producción agraria, como son los bajos precios y su volatilidad, así como una menor y peor distribución del valor añadido generado.

Por todo ello, resulta de gran interés y oportunidad conocer cómo nuestras llamadas Entidades Agrarias Prioritarias (EAP) en la Ley 13/2013, afrontan estos retos.

 

Elena Meliá Martí. Subdirectora del DECS, y Profesora de CEGEA, Universitat Politècnica de València